En el marco del 491 aniversario de la fundación de Lima, especialistas del Instituto de Vivienda y Desarrollo Sostenible de la Universidad Ricardo Palma analizan la evolución urbana de la capital, los desafíos de la planificación metropolitana, la conservación del patrimonio y el rol de la arquitectura en la construcción de una ciudad más inclusiva, sostenible y resiliente.

Entrevista a la directora del Instituto de Vivienda y Desarrollo Sostenible de nuestra casa de estudios, Mg. Arq. Rosario Beatriz Santa María Huertas y al Dr. Urbanista Roger Eduardo Martínez Rivas, coordinador académico del Área de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y miembros del Instituto de Vivienda y Desarrollo Sostenible

A 491 años de su fundación, ¿cómo describirían la transformación urbanística de Lima y cuáles son hoy los principales desafíos que enfrenta la ciudad en materia de planificación y crecimiento ordenado?

Desde sus orígenes, Lima ha enfrentado profundos desafíos en su crecimiento urbano, algunos propios del contexto histórico en que se desenvolvió la ciudad y otros heredados del pasado que persisten hasta el presente. La ciudad fue fundada en 1535 como un enclave estratégico para la dominación colonial, orientado al control territorial y a la comunicación marítima con España, lo que condicionó la elección de su localización, la relación con su puerto El Callao y la temprana construcción de murallas y sistemas defensivos. A ello se sumó la exposición a un entorno geológico altamente sísmico, evidenciada por terremotos como los de 1586, 1687 y, de manera especialmente devastadora, el de 1746, que implicaron la reconstrucción de Lima y El Callao y pusieron en cuestión la propia permanencia de la capital.

Durante el período republicano, la ciudad atravesó prolongadas etapas de estancamiento y crisis, marcadas por la guerra de independencia, los conflictos políticos internos y la ocupación de Lima durante la Guerra del Pacífico. Recién a mediados del siglo XIX, gracias a los ingresos del guano y a su condición de capitalidad, la ciudad registró un crecimiento más sostenido, aunque todavía conservaba una morfología heredada de la Lima colonial. A inicios del siglo XX, Lima apenas superaba los 200 mil habitantes y una extensión urbana relativamente contenida.

Las transformaciones más profundas se produjeron a lo largo del siglo XX, cuando Lima experimentó un crecimiento demográfico y territorial sin precedentes. La ciudad multiplicó varias veces su población en pocas décadas, impulsada principalmente por las migraciones internas del campo a la ciudad, atraídas por mayores oportunidades económicas y acceso a servicios. Este proceso se intensificó entre las décadas de 1970 y 1990, en un contexto marcado por la violencia política y el conflicto armado interno. El resultado fue una expansión urbana acelerada y mayoritariamente informal, que desbordó la capacidad de planificación del Estado.

Este crecimiento dio lugar a una ciudad fragmentada, con amplios sectores autoconstruidos y asentados en condiciones de precariedad y riesgo. Si bien la urbanización informal es un fenómeno extendido en América Latina, en Lima alcanzó una escala particularmente significativa. Aunque en el siglo XXI las tasas de crecimiento demográfico han disminuido, el aumento absoluto de la población ha consolidado a Lima como una de las mayores metrópolis de la cuenca del Pacífico. Se estima que hacia 2025 la ciudad habría superado los 11 millones de habitantes y las 80 mil hectáreas de extensión urbana, con proyecciones que apuntan a cerca de 15 millones de habitantes hacia 2050. 

A ello se suma una condición estructural crítica: Lima es hoy la segunda ciudad más grande del mundo asentada en un entorno desértico. En este contexto, los principales desafíos urbanos están claramente definidos. La escasez de agua, agravada por el cambio climático; la ocupación de zonas de alto riesgo sísmico y geodinámico; la persistencia del crecimiento informal y de profundas desigualdades socio espaciales; un modelo de movilidad altamente dependiente del transporte motorizado; y una débil gobernanza metropolitana, condicionada por la centralización del poder político y económico.

En 2022, la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040 representó un avance importante en términos de visión y diagnóstico. Sin embargo, el verdadero reto radica en su implementación efectiva. Lima no enfrenta hoy el desafío de seguir creciendo, sino el de ordenar y reconducir su desarrollo hacia un modelo más sostenible, equitativo y resiliente, superando una historia urbana marcada más por la expansión espontánea que por la planificación.

Lima combina arquitectura histórica y propuestas contemporáneas. ¿Cómo se está logrando —o no— ese equilibrio entre conservación del patrimonio y desarrollo urbano moderno?

Lima posee un patrimonio urbano excepcional, resultado de la superposición de capas históricas que van desde los vestigios prehispánicos asociados a los señoríos de Ichma y Pachacámac, pasando por casi tres siglos de arquitectura virreinal, hasta intervenciones relevantes del período republicano. Este legado se manifiesta en numerosos sitios y edificaciones dispersos en la ciudad, algunos aún pendientes de adecuada catalogación y estudio. Si bien el marco legal reconoce y protege este patrimonio cultural tangible, los recursos técnicos, económicos e institucionales destinados a su conservación resultan claramente insuficientes. 

Existen, sin embargo, experiencias valiosas de conservación e integración urbana, como la Huaca Pucllana, la recuperación de inmuebles en el Cercado de Lima, la vitalidad urbana y cultural de Barranco, la restauración de la estación de Desamparados para albergar la Casa de la Literatura Peruana, o la puesta en valor del Parque de la Exposición y del Museo de Arte de Lima. Estos casos demuestran que es posible articular patrimonio y ciudad contemporánea, aunque siguen siendo intervenciones puntuales más que parte de una política urbana integral.

Las diferencias entre el Centro Histórico de Lima, que cuenta con un Plan Maestro específico, y otras áreas reconocidas como patrimonio de la Nación, evidencian una protección desigual. En muchos casos, la falta de acceso a financiamiento por parte de los propietarios, sumada a una débil asistencia técnica, ha contribuido al deterioro progresivo de edificaciones y conjuntos urbanos de alto valor patrimonial.

Si se compara con ciudades como San Francisco o Los Ángeles, Lima muestra una brecha significativa. En estas ciudades, la conservación del patrimonio se sustenta en marcos normativos sólidos y vinculantes, integrados al planeamiento urbano, con inventarios exhaustivos, controles efectivos y capacidades institucionales consolidadas. En Lima, el problema no radica en la ausencia de patrimonio, sino en la limitada capacidad para incorporarlo de manera estratégica al desarrollo urbano contemporáneo y en la aún débil valoración social de su potencial como recurso cultural, económico y urbano. 

La arquitectura, por sí sola, no puede resolver las desigualdades sociales, pero sí puede contribuir de manera significativa a mitigarlas. Las edificaciones y los espacios que diseñamos configuran las condiciones materiales de la vida urbana y expresan decisiones políticas, económicas y culturales. Por ello, la formación y el ejercicio profesional deben asumir una responsabilidad ética frente al contexto social en el que intervienen. Un esfuerzo colectivo particularmente importante, donde la Arquitectura y el Urbanismo tienen mucho que hacer, se refiere a proyectar y construir nuevas habilitaciones urbanas. La inexistencia de suelo urbano seguro, debidamente urbanizado, conduce a la ocupación informal de terrenos sin servicios y en muchas ocasiones vulnerables ante amenazas naturales.

Desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, se promueve que los estudiantes comprendan el entorno social, normativo y territorial en el que desarrollan sus proyectos, orientándolos hacia soluciones que favorezcan la accesibilidad, la inclusión y la equidad. Un ejemplo de ello es la participación en el Servicio Social en Urbanismo y Vivienda (SERUVI), a través del proyecto “SISEN Accesibilidad”, impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esta experiencia permitió que estudiantes de diversas disciplinas contribuyeran al monitoreo del cumplimiento de normas de accesibilidad universal, reforzando el vínculo entre arquitectura, política pública y servicio a la comunidad.

La importancia de los espacios públicos se hizo especialmente evidente durante la pandemia, cuando plazas, parques y espacios abiertos se convirtieron en infraestructuras esenciales para la salud física y mental de la población. En ese contexto, el Estado promovió lineamientos para el acondicionamiento de espacios públicos abiertos, reconociendo su rol en la resiliencia urbana y en el fortalecimiento de la vida comunitaria.

No obstante, Lima enfrenta un déficit estructural de espacios públicos y áreas verdes. El promedio de entre 2,4 y 3 m² por habitante se encuentra muy por debajo de los estándares mínimos recomendados a nivel internacional. Esta carencia no solo afecta la calidad ambiental de la ciudad, sino que profundiza las desigualdades territoriales en el acceso a espacios de encuentro y recreación.

Los centros culturales, por su parte, cumplen un rol fundamental en una ciudad diversa y multicultural como Lima. Son espacios de representación, intercambio y reconocimiento de identidades múltiples, y contribuyen a construir cohesión social desde una perspectiva intercultural, basada en la equidad de derechos y el respeto por la diversidad cultural.

Lima necesita proyectar un modelo de ciudad más compacto, policéntrico y ambientalmente responsable, donde la sostenibilidad no sea un discurso abstracto, sino un criterio operativo de planificación. Esto implica priorizar el acceso a vivienda adecuada, servicios urbanos de calidad, espacios públicos saludables y sistemas de movilidad eficientes, en coherencia con los lineamientos de salud urbana promovidos por la Organización Mundial de la Salud. La valorización del patrimonio construido, el reconocimiento de las oportunidades y restricciones del entorno natural y la contención de la expansión urbana en aras de una ciudad más compacta, son aspectos de especial interés.

Este modelo sólo será viable si se construye de manera participativa, con un enfoque transdisciplinario y con una institucionalidad metropolitana capaz de sostenerlo en el tiempo. En última instancia, el futuro urbano de Lima dependerá del proyecto político que se adopte, de la capacidad de gestión de sus autoridades y de la forma en que se conciban la vivienda, la salud y el espacio público como derechos fundamentales y no como bienes subordinados al mercado.